La Cámara de Diputados declaró admisible la acusación el 9 de noviembre de 1868, por 48 votos contra 26. Finalmente, el 10 de mayo de 1869, el Senado absolvió a los miembros de la Corte de todos los cargos formulados en su contra.
En 1861 asumió la presidencia de la República José Joaquín Pérez (1861-1871) apoyado por la Fusión Liberal-Conservadora, una coalición política y electoral de liberales y conservadores –estos últimos se convirtieron en opositores del gobierno de Manuel Montt (1851-1861) a partir de la denominada cuestión del Sacristán de 1857–, y fue reelecto en 1866.
A su vez, la coalición oficialista (la Fusión Liberal-Conservadora) triunfó en las elecciones parlamentarias de 1864, derrotando al Partido Nacional o Monttvarista, cuyos principales dirigentes eran Manuel Montt y Antonio Varas.
Federico Errázuriz Zañartu asumió en 1864 como ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, y desde que llegó a dicho puesto, comenzó una "cruzada" contra los funcionarios públicos formados durante la presidencia de Manuel Montt, y vinculados con el Partido Nacional o Monttvarista (nacionales), que aún se mantenían en el aparato estatal, con la finalidad de sustituirlos por personal de su confianza.
Al acercarse las elecciones parlamentarias de 1867 el oficialismo puso en movimiento su maquinaria electoral, no con la intención de obtener la mayoría parlamentaria, que ostentaba desde 1864, sino que "la consigna surgida en la mente del hábil Ministro Errázuriz tenía como objetivo primordial terminar con las huestes nacionales monttvaristas o por lo menos disminuirlas en tal forma que no constituyeran un serio peligro para sus aspiraciones presidenciales futuras".
Por otro lado, Errázuriz Zañartu, aprovechando las circunstancias de la Guerra contra España de 1866, montó una maquinaria electoral, "que no obedecía al presidente, a quien nadie respetaba ni temía, ni a los conservadores, ni a los liberales fusionistas, sino a él personalmente", continuando con su política de reemplazo de los empleados públicos nacionales monttvaristas.
Sin embargo, tal política encontró un importantísimo núcleo de resistencia en el Poder Judicial: la Corte Suprema de Justicia, considerada el último bastión de los nacionales, debido a que se encontraba presidida por el mismísimo Manuel Montt, símbolo del régimen anterior.
A mediados de 1868 se encontraba en discusión en el Congreso un proyecto que pretendía autorizar a los presidentes de las cámaras para reprimir disciplinariamente a las personas asistentes a la barra –denominación del sector donde se ubicaba el público que concurría a para presenciar las sesiones de las cámaras– que faltasen al orden en la sala o en las tribunas, que fue conocido como el " proyecto de la barra", con sanciones que serían discrecionales: multa, que no podía exceder de 200 pesos, o prisión, hasta por un mes.
En opinión de José Victorino Lastarria, se buscana "nada menos que introducir en nuestro mecanismo constitucional una jurisdicción que no establece la Constitución y que no se puede crearse sino por una constituyente encargada de reformar la organización política ".
El diputado por La Unión, Vicente Sanfuentes, defensor y firmante de aquél proyecto, argumentó en su favor señalando que "Sería inútil y peligroso entregarle la aplicación de estas sanciones" al poder judicial, es decir, que la cámara no podía confiar en la administración de justicia ; a la vez, profirió diversos ataques a la Corte Suprema y, particularmente, a su presidente, Manuel Montt, llegando a expresar que "El hombre que bajó del primer puesto del Ejecutivo [Manuel Montt], destilando todavía sangre del manto imperial, subió al Poder Judicial cuando debía llevar al pie la cadena del presidiario".
En ese contexto, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de 30 de julio de 1868, el diputado Sanfuentes promovió una cuestión previa al pronunciamiento sobre el " proyecto de la barra" que lo llevaría a anunciar una acusación contra la Corte Suprema, y a convertirse en circunstancial vocero de los enemigos políticos de los nacionales.
Antes de entrar al fondo de la cuestión [el " proyecto de la barra"] pido que la Cámara se pronuncie sobre un paso previo que voi a ponerle. Como he denunciado algunos hechos graves i como podría denunciar otros de que recientemente tengo conocimiento, temo que más tarde pudieran estraviarse los documentos que prueban la verdad de mis asertos, porque todo lo temo de esos hombres [los miembros de la Corte Suprema]. Desearía pues, que la Cámara tomara un precaucion. El señor Secretario podría inmediatamente a solicitar del juez de letras de turno, le entregase el espediente del concurso hipotecario de don Juan de Dios Gamdarillas [...] Debo declarar a la Cámara que no abrigo ningun temor respecto del escribano que guarda ese espediente; pero, como puede ser perdido por la Corte Suprema, i el señor escribano tendría que obedecer, ese Tribunal no me inspira la misma garantía.[...] Yo digo la verdad: por mi parte acusaría a la Corte Suprema.
El diputado Manuel Antonio Matta, ante la solicitud de Vicente Sanfuentes, observó que, tanto la traída del expediente del concurso de Juan de la Cruz Gandarillas a la cámara, donde aparecía como acreedor, como el eventual intento de dilucidar los fundamentos del fallo de dicha causa, resultaban improcedentes, atendidas las atribuciones de la Cámara de Diputados. De igual modo, el debate sobre dicha petición, llevó al diputado Angel Custodio Gallo a dirigirse a Sanfuentes, señalando: "Vamos señor, por el camino mas recto: o retire el señor Diputado su indicación o acuse formalmente a la Corte Suprema".
